La administración del presidente Donald J. Trump presentó este 20 de marzo de 2026 un marco legislativo nacional sobre inteligencia artificial (IA) que define los lineamientos para el desarrollo, regulación y adopción de esta tecnología en el país. El documento, titulado National Policy Framework for Artificial Intelligence, propone un conjunto de recomendaciones al Congreso orientadas a impulsar el liderazgo estadounidense en la carrera global por la IA.
El texto plantea seis objetivos principales: protección infantil, fortalecimiento de comunidades, resguardo de la propiedad intelectual, defensa de la libertad de expresión, impulso a la innovación y desarrollo de una fuerza laboral adaptada a la IA.
Un enfoque federal para evitar fragmentación regulatoria
Uno de los ejes centrales del documento es la necesidad de establecer un estándar nacional que evite la proliferación de leyes estatales divergentes. Según la administración, un marco fragmentado podría afectar la competitividad de Estados Unidos y ralentizar el desarrollo tecnológico.
El documento propone que el Congreso avance en una legislación que preempte regulaciones estatales consideradas “cargas indebidas” para la industria, aunque mantiene ciertas competencias locales, como la aplicación de leyes generales de protección al consumidor o regulaciones de zonificación.
Infraestructura, energía y costos
El marco también aborda el impacto energético de la expansión de la IA. La Casa Blanca propone acelerar los permisos para la construcción de centros de datos y permitir que estos desarrollen generación energética propia, con el objetivo de evitar aumentos en las tarifas eléctricas para los usuarios residenciales.
Además, plantea incentivos como subsidios, créditos fiscales y asistencia técnica para facilitar la adopción de IA en pequeñas empresas.
Propiedad intelectual y uso de datos
En materia de derechos de autor, el documento sostiene que el entrenamiento de modelos de IA con material protegido no necesariamente viola la legislación vigente, aunque reconoce que la cuestión está en debate judicial. En ese contexto, propone que el Congreso no intervenga hasta que los tribunales definan criterios sobre el uso legítimo (fair use).
También se sugiere evaluar esquemas de licenciamiento colectivo que permitan a los titulares de derechos negociar compensaciones con desarrolladores de IA.
Libertad de expresión y control de contenidos
El marco incluye un capítulo específico sobre libertad de expresión, donde se plantea que los sistemas de IA no deben ser utilizados para censurar discursos políticos o disidencias. En esa línea, propone limitar la capacidad del gobierno federal para influir en la moderación de contenidos de plataformas tecnológicas.
Asimismo, se establece que los usuarios deberían contar con mecanismos para reclamar ante posibles intervenciones estatales en los sistemas de IA.
Protección infantil y riesgos emergentes
Otro de los ejes del documento es la protección de menores. La administración propone que las plataformas de IA implementen controles parentales, mecanismos de verificación de edad y herramientas para reducir riesgos como la explotación sexual o la incitación a la autolesión.
También plantea extender a los sistemas de IA las regulaciones vigentes en materia de privacidad infantil.
Mercado laboral y formación
El plan incluye medidas para adaptar la fuerza laboral al avance de la IA. Entre ellas, la incorporación de contenidos vinculados a esta tecnología en programas educativos y de capacitación, así como el monitoreo de los cambios en la demanda de habilidades en el mercado laboral.
La administración sostiene que el objetivo es que los trabajadores “participen y se beneficien del crecimiento impulsado por la IA”.
Sin nuevo regulador específico
El documento descarta la creación de un nuevo organismo regulador exclusivo para la IA y propone, en cambio, utilizar agencias existentes con competencias sectoriales. También impulsa la creación de “sandboxes regulatorios” para facilitar la experimentación y el despliegue de nuevas aplicaciones.
El marco presentado por la Casa Blanca constituye una hoja de ruta para la futura legislación federal sobre inteligencia artificial en Estados Unidos. La administración anticipó que trabajará con el Congreso en los próximos meses para convertir estas recomendaciones en ley, en un contexto de creciente competencia internacional por el desarrollo de esta tecnología.
03.20.26-National-Policy-Framework-for-Artificial-Intelligence-Legislative-Recommendations
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