Cerrar el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o reducirlo a lo que fue en los 90 la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y que se ocupe sólo de tres cosas: licencias, homologaciones y espectro. Derogar el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU). Concesionar la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) de la estatal Arsat por tramos y subcontratar su mantenimiento a los usuarios más cercanos -con un prorrateo de expensas mediante blockchain y tokenización-.
Eliminar el impuesto a los ingresos brutos, las tasas municipales sobre uso de postes y espacio aéreo y reducir los tipos de factura a una sola en la que puedan liquidarse bienes, servicios y impuestos. Derogar el reglamento de compartición de infraestructura y permitir la libre contratación entre privados (algo que ya está regulado en la vieja ley de telecomunicaciones, que no fue nunca formalmente derogada). Incluir a las telecomunicaciones en la ley de Economía del Conocimiento para habilitar su ingreso en la lista de los beneficiarios de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Esas y otras propuestas disruptivas tiene la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI), un grupo de 60 empresas que hace unos años dejó de ser un enérgico chat de Whatsapp para convertirse en una cámara empresarial de propio derecho. El DNU 690/2020 del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner -derogado por la administración Milei- fue lo que terminó de consolidar la organización.
La entidad cuenta con un estatuto que, entre otras cosas, exige tres avales de colegas para ingresar -y a veces en consulta con proveedores-, y se jacta de tener un código y un tribunal de ética. Además, destaca una característica poco frecuente: presidente, vicepresidente y tesorero no tienen posibilidad de ser reelectos. Muchos de sus socios integran también otras cámaras tradicionales de la industria convergente, como la Cámara Argentina de Internet (Cabase) o la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi).
Carlos Hugo Fulio, dueño de una empresa de 300 abonados en Yerba Buena, Tucumán, es el flamante presidente de la entidad. El segundo de la historia, que sucedió al entrerriano Guillermo Schmid. Fulio habló con Convercom.info desde su provincia, y dejó muy clara la sintonía ideológica de la UAPI con el actual contexto que vive el país en cuanto a reformas, apertura y desregulación. “Más libertad, más negocio, más servicio”, resumió el empresario.
De hecho, a diferencia de otros sectores pyme -que denuncian competencia desleal y reclaman restricciones-, Fulio se ilusiona con poder contactar a algún representante de Starlink para hacer negocios de doble via: conectar sus redes al troncal satelital -es decir comprarles transporte- y darle soporte a los clientes de la firma de internet satelital -es decir venderles servicios-.
“Hay una subexplotación de recursos existentes”, dice Fulio y enumera los puertos disponibles en los postes de Telecom, Movistar y Claro en las localidades donde operan sus socios; los tramos subexplotados de la red de fibra de Arsat; y el escaso desarrollo del mercado de operadores móviles virtuales debido a la falta de estímulos fiscales, entre otras cosas.
En la UAPI creen que el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) debe ser eliminado por no haber cumplido los objetivos sin entrar en detalles sobre la manera en la que fue instrumentado. Lo vienen diciendo en soledad desde hace meses.
Contacto antártico
Además de esta agenda disruptiva, la UAPI se ha caracterizado en los últimos años por tener un vínculo estrecho con el Comando Antártico, con el que colaboró en la instalación de fibra óptica en las bases argentinas del continente blanco y al que le donó equipamiento.
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