La empresa estatal Arsat inició una revisión integral de sus procesos internos luego del escándalo que involucra a su expresidente Facundo Leal. Mediante trascendidos periodísticos que sólo consignan «fuentes de la empresa», la compañía informó que su directorio aprobó avanzar con la contratación de una auditoría externa que analizará en profundidad las contrataciones, los procesos administrativos y las operaciones realizadas por la compañía durante los últimos años. También se dejó trascender que la empresa dispuso la desvinculación de Leal y de Gerardo Boschin, ex gerente de compras de la estatal. Ambos seguían figurando como empleados de planta.
El actual directorio de Arsat está presidido por Mariano Greco, quien ya integraba la conducción de la empresa antes del cambio de autoridades al desempeñarse como director de Tecnología (CTO) durante la gestión de Facundo Leal. Lo acompañan los directores Carlos Javier Macra, Juan Cruz Cabrera, Gustavo Oscar Granzella, Guillermo Ignacio Devitt y Arturo Alejandro Stanic, todos incorporados con posterioridad al recambio de autoridades dispuesto por el gobierno de Javier Milei.
La decisión fue adoptada en la última reunión del directorio, realizada la semana pasada, y fue confirmada por fuentes oficiales de la empresa al diario La Nación. Según esas fuentes, la compañía convocará a algunas de las principales firmas de auditoría del país para realizar una investigación interna independiente sobre la totalidad de las contrataciones y procedimientos administrativos.
La medida constituye el primer movimiento institucional de Arsat desde que Leal fue detenido con prisión preventiva a fines de mayo, en una investigación que derivó en múltiples causas judiciales y que puso bajo la lupa distintos procesos de contratación de la empresa.
La detención de Facundo Leal, empleado y ex presidente de la empresa satelital argentina Arsat, abrió una de las crisis más sensibles que haya atravesado el sector argentino de las telecomunicaciones en los últimos años. Robo de equipamiento de la red de fibra óptica, drogas de distinto tipo, unos US$ 2,4 millones en efectivo y sofisticado equipamiento de inteligencia aparecieron en dos propiedades de Leal, ex funcionario de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Javier Milei.
La investigación judicial, que tramita en el fuero federal, se amplió progresivamente desde un presunto robo de materiales hasta examinar posibles hechos de corrupción vinculados con contrataciones de Arsat y otros organismos públicos. Más recientemente, se generaron sospechas sobre contratos de extensión de la Red Federal de Fibra Óptica.
La causa, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas a infraestructura tecnológica y depósitos para equipamiento de fibra óptica, reavivó además los cuestionamientos sobre la administración de los recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), un instrumento que financió durante los últimos años obras de conectividad por miles de millones de pesos y cuya ejecución ya había sido observada en auditorías oficiales. La investigación judicial continúa en etapa preliminar y, hasta el momento, no existen condenas ni resoluciones de fondo sobre los hechos investigados.
Qué revisará la auditoría
De acuerdo con las fuentes oficiales sin identificar señaladas por La Nación, la auditoría externa abarcaría:
- Todas las contrataciones y licitaciones realizadas durante los últimos años.
- Los procesos de compras y adjudicaciones.
- El cumplimiento de los reglamentos internos, especialmente en aquellos contratos que requerían intervención del directorio por su monto o características.
El objetivo será reconstruir la trazabilidad de las operaciones y determinar si existieron desvíos respecto de los procedimientos establecidos.
La investigación se originó a partir del presunto robo de fibra óptica y equipamiento ocurrido en enero de 2024 en un depósito de Arsat ubicado en San Fernando.
Durante la pesquisa, encabezada por el fiscal federal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli, aparecieron indicios de presuntas irregularidades en la contratación de Argentina Logistic Services (ALS), responsable de la custodia del predio.
Los investigadores analizan posibles direccionamientos de contrataciones, sobreprecios y maniobras que habrían favorecido a esa empresa. Paralelamente, la Justicia abrió otra línea vinculada con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y una investigación por presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Leal.
El exfuncionario también había presidido el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos durante 2025, cargo del que fue desplazado en enero de 2026.
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