Mientras la Justicia avanza en distintas investigaciones que involucran al expresidente de Arsat, Facundo Leal, una de las contrataciones más relevantes ejecutadas por la empresa estatal durante los últimos años vuelve a quedar bajo análisis: el programa de ampliación de capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), adjudicado a la empresa cordobesa Tecnored en asociación tecnológica con Huawei.
La información surge de una investigación publicada por el diario La Nación, firmada por la periodista Camila Dolabjian, complementada con información judicial publicada por Infobae sobre las causas que actualmente involucran al exfuncionario.
La Justicia investiga el origen de fondos hallados durante allanamientos realizados en domicilios vinculados a Leal. Según la información judicial difundida por Infobae, en procedimientos realizados en propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza se secuestraron más de US$2,4 millones en efectivo, además de otras monedas extranjeras. Paralelamente, el exfuncionario permanece procesado y con prisión preventiva en una causa por tenencia de estupefacientes para su comercialización, mientras continúa otra investigación por presuntos hechos de corrupción durante su gestión al frente de Arsat.
En ese contexto, la contratación destinada a modernizar la infraestructura troncal de telecomunicaciones del país volvió a captar la atención de investigadores y del sector.
Arsat, siempre privilegiada por los fondos públicos
El proyecto tenía como objetivo incrementar la capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la infraestructura administrada por Arsat que conecta aproximadamente 36.000 kilómetros de tendidos distribuidos en todo el territorio nacional y que es utilizada por operadores de telecomunicaciones, cooperativas, proveedores de Internet y organismos públicos.
La iniciativa se originó durante 2020, en plena pandemia de Covid-19, cuando el crecimiento del tráfico de datos y la expectativa de futuras implementaciones de tecnología 5G impulsaron la necesidad de ampliar la capacidad de transporte de la red.
Para financiar el programa, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó mediante la Resolución 867/2020 el Programa de Aumento de Capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica. El esquema contempló recursos provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal por aproximadamente $3000 millones.
Posteriormente, mediante un convenio firmado entre Enacom y Arsat y ratificado por la Resolución 1018/2020, la empresa estatal quedó a cargo de ejecutar las obras previstas.
El proyecto contemplaba dos componentes principales: la actualización de la red IP Core MPLS, considerada una de las piezas centrales de la infraestructura nacional de transporte de datos, y la ampliación de capacidad en distintos nodos estratégicos de la red.
Tecnored y Huawei, protagonistas de la adjudicación
De acuerdo con la investigación publicada por La Nación, la adjudicación recayó en Tecnored, una empresa cordobesa que mantenía desde 2020 una alianza tecnológica con Huawei.
La compañía argentina competía con otros proveedores del sector, entre ellos Nokia, Ciena y ZTE. Según la reconstrucción periodística, la propuesta presentada por Tecnored resultó adjudicada principalmente por criterios económicos.
La relación entre Tecnored y Huawei había comenzado formalmente un año antes, cuando ambas compañías anunciaron una asociación para desarrollar proyectos de conectividad en el mercado argentino. Como parte de ese vínculo, Tecnored obtuvo posteriormente la certificación como socio de valor agregado de Huawei y alcanzó la categoría de Value Added Partner (VAP), una de las más altas dentro del ecosistema comercial de la empresa china.
La propia Tecnored publicó años después referencias a la participación conjunta de ambas compañías en la modernización de la red IP Core MPLS de Arsat y en la ampliación de la capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica.
Según fuentes citadas por La Nación que participaron del proyecto, las tareas fueron ejecutadas utilizando equipamiento Huawei, mientras que Tecnored actuó como integrador tecnológico de la solución.
Reuniones, viajes y encuentros reconstruidos por la investigación
Uno de los aspectos centrales de la investigación periodística publicada por La Nación fue la reconstrucción de reuniones y encuentros mantenidos entre funcionarios de Arsat y representantes de Huawei y Tecnored durante el período en que se desarrolló la contratación.
Según la publicación, existieron reuniones en oficinas ubicadas en Benavídez, encuentros en el hotel Wyndham de Nordelta y comidas en distintos restaurantes porteños.
La investigación también menciona una visita realizada por Leal a Córdoba para reunirse con Juan Domínguez, presidente de Tecnored, durante los meses en que se adjudicó y firmó el contrato.
Asimismo, La Nación publicó una fotografía en la que se observa a Leal compartiendo una cena con Juan Bonora, vicepresidente de Huawei en Argentina, en un encuentro que habría ocurrido poco después de aquel viaje a Córdoba.
La reconstrucción periodística también señala que posteriormente Leal y Domínguez coincidieron en un viaje a Barcelona realizado en junio de 2021 para participar de un evento internacional de tecnología y telecomunicaciones.
La posición de Huawei y Tecnored
Consultada por La Nación, Huawei afirmó que todas sus reuniones y vínculos comerciales en Argentina se desarrollaron exclusivamente en el marco de su actividad profesional como proveedor de infraestructura de telecomunicaciones.
La empresa sostuvo que compartir espacios sociales o la existencia de fotografías en lugares públicos no implica relación alguna con los hechos investigados judicialmente y reafirmó su compromiso con el cumplimiento normativo y la transparencia en sus operaciones.
Por su parte, Tecnored informó que prepara acciones legales contra Arsat por presuntos incumplimientos de pago vinculados a servicios prestados en el marco de contratos posteriores.
Más allá de la situación judicial particular de Leal, el caso adquiere relevancia para la industria de las telecomunicaciones porque involucra una de las principales inversiones realizadas en infraestructura digital durante los últimos años con fondos provenientes del Servicio Universal.
La investigación judicial deberá determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación, en la relación entre funcionarios y proveedores o en la ejecución de los programas financiados con recursos públicos.
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