El Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), que distribuye el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), acumuló 107.000 millones de pesos nominales entre 2016 y 2023. De ese dinero, el massismo que gestionó el ente entre 2019 y 2023 adjudicó casi todos los recursos y desembolsó la mitad.
Convercom.info realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer el listado de los beneficiarios de los programas del FFSU, que fue respondido por la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del Enacon. Esa dirección brindó el listado de las empresas y particulares adjudicados con fondos pero se excusó de brindar datos sobre «las empresas contratistas a cargo de las obras a realizarse, como así también, los nombres de los profesionales técnicos y apoderados intervinientes en cada proyecto» porque «no resultan datos de interés para el registro» de esa dirección. Aunque luego agregó que no habría impedimento en brindarlo.
Pero el informe ejecutivo de la auditoría realizada por la intervención designada por el presidente Javier Milei en el Enacom, a la que también tuvo acceso Convercom.info, incluyó gráficos que analizan la participación de consultores y proveedores de mano de obra y fibra pero sólo en el caso de los planes de conectividad de villas de emergencia (barrios populares) y no en otras líneas de proyectos, como las de Arsat y las que involucraron a las sociedades comerciales con participación estatal mayoritaria (conocidas por las siglas SAPEM).
En el caso de los consultores que intervinieron en los barrios populares, el 24% de los fondos de ese servicio fueron para Fernando Piermartini, el 18% para Titicom SRL, de Marina Rosso Siverino, y el 17% para el estudio MAG Abogados, uno de cuyos socios fundadores es Juan Mocoroa, director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicaciones entre febrero y julio de 2016, que ocupó el mismo cargo en el ministerio de Defensa, donde luego ascendió a subsecretario Legal de Articulación Institucional.
En Comunicaciones y Defensa, Mocora siguió el recorrido de Oscar Aguad en el gabinete de Mauricio Macri. En el informe ejecutivo no aparece Mocoroa pero sí lo hace Juan Manuel Galli, que también fue funcionario de Aguad en ambos ministerios. En la revista especializada La Ley del 20 de mayo de 2020, Galli y Mocoroa firmaron un artículo titulado «Conectividad, Servicio Universal y COVID-19 : propuestas concretas para problemas urgentes». El 26 de agosto pasado, Galli fue designado como secretario Legal de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei.
Convercom.info consultó por correo electrónico con el estudio MAG Abogados pero no obtuvo respuesta.
Consultada por La Nación sobre estos contratos, Rosso Siverino respondió: “Para algunos fue una fiesta, no lo dude, pero no fue mi caso. Llevo muchos años en este rubro y los barrios a los que me aboqué, como en La Matanza y la provincia de Misiones, sí se han conectado. Usted no deber mirar a los consultores, sino a los beneficiarios de contratos”, sugirió. Convercom.info accedió a la lista de beneficiarios adjudicados, pero no logró -a pesar de requerirlo de manera insistente- la lista completa de consultores y proveedores de obra y de fibra óptica.
Otros consultores beneficiados que sí son mencionados en la auditoría son Esteban Latigano Vélez (4%), Valentín Caputo (4%), Mateo Marengo (4%), «Sin identificar» (4%), Mariano Mercado (3%), y Otros con menos del 3% (22%). Latigano Vélez se presenta en su Facebook como «Tec. Ing. Electrónico que se anima a mater mano», Caputo fue director nacional de Soluciones de País Digital del entonces Ministerio de Modernización en 2016, y Mercado se presenta como consultor en telecimunicaciones y gestor del departamento técnico de la Cooperativa Mariano Moreno, de Merlo, una de las más beneficiadas con recursos del FFSU en su categoría.
En cuanto a proveedores de fibra óptica, el 26% de los fondos adjudicados fueron para Industrias KC Latino TCA (26%), STA Soluc Tecno Avanzadas (8%), Uriel (8%), Nordeste TEl (5%), Dream Ventures (5%), Noroghi (4%), Tecnored (4%), Industrias KC (4%), Sin identificar (4%) y Otros con menos del 3% (32%).
En cuanto a proveedores de mano de obra, el 13% fue para Alpha Ingeniería/RV Ingeniería; STA Soluc Tecno Avanzadas (8%), Uriel (8%), Akai (6%), Nordeste Tel (5%), Dream Ventures (5%), Noroghi (4%), Akai/Ing Sol. (4%), Tecnored 4%, Alpha Ing (4%), Sin identificar (4%), Tecno Arg (3%).
De la información disponible surge un caso particular: Uriel SA, que fue adjudicada en $ 316,3 millones de los que cobró $ 221,4 millones, y que también aparece como receptor de fondos en concepto de proveedor de fibra óptica (8% del total de los fondos asignados a los programas de barrios populares) y de mano de obra (6% del total de los fondos). Según el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, Uriel Sociedad Anónima es una empresa creada en 2007 por Mariana Cecilia Bastías y Antonio David Díaz.
Otra empresa que figura en más de un listado es Akai, que fue adjudicada en $ 673,4 millones de los cuales cobró $ 471,3 millones. La firma también aparece entre las proveyeron mano de obra, rubro en el que se quedó con el 6% del total de los recursos. La sociedad pertenece a Julio Cesar Barone y Lautaro Piermartini. Este último tiene el mismo apellido que Fernando Piermartini, consultor que embolsó el 28% del total de los fondos en esa categoría.
INFORME-COMISIOiN-FFSU_v11 Informe-Ejecutivo_v10 NO-2024-44433075-APN-DNFYD_ENACOM aviso_312872
El 10 de septiembre se editó esta nota para incluir el dato de la designación de Juan Galli como secretario Legal de la Secretaría General de la Presidencia y se modificó el título para consignar esa información
Ayudanos a seguir pensando, buscando y elaborando información para conectar a la sociedad. Si valoras lo que hacemos....
Hacé tu comentario