La Justicia federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Facundo Leal, ex presidente de Arsat durante el kirchnerismo y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) en la administración Milei, quien permanecía detenido desde fines de mayo tras una serie de allanamientos en inmuebles de la ciudad de Buenos Aires y Mendoza.
La decisión fue adoptada el 23 de julio pasado por el juez federal subrogante Sebastián Ramos, sobre la base de un informe del Cuerpo Médico Forense que acreditó en Leal un cuadro severo de dependencia a las drogas. El beneficio llegó después de que el Servicio Penitenciario Federal informara que no contaba con los recursos médicos y psicológicos necesarios para atender ese tratamiento en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Según la resolución judicial, Leal cumplirá el arresto domiciliario en un departamento alquilado en el barrio porteño de Palermo, bajo monitoreo con tobillera electrónica. Tiene prohibida la salida del país y solo podrá abandonar la vivienda ante urgencias médicas debidamente autorizadas. La medida contó con dictamen favorable del fiscal federal Guillermo Marijuán. La pareja de Leal, Julieta Griffa Berro, fue designada por la Justicia como garante del cumplimiento de las condiciones impuestas.
Dos investigaciones penales siguen en curso
El otorgamiento de la prisión domiciliaria no altera la situación procesal de Leal, quien continúa imputado en dos expedientes de peso.
El primero tramita en los tribunales federales de Comodoro Py e investiga una presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La causa se abrió después de que, durante los allanamientos, fueran secuestradas distintas sustancias -entre ellas cocaína, ketamina, MDMA y otras drogas sintéticas-. La defensa del exfuncionario sostiene que estaban destinadas a consumo personal.
El segundo expediente, radicado en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, indaga un presunto esquema de corrupción vinculado a contrataciones de Arsat. Allí se investiga una posible red de direccionamiento de contratos, pago de coimas, administración fraudulenta y lavado de dinero, en torno a servicios logísticos contratados por la empresa estatal. En el marco de esos allanamientos también se secuestraron más de US$ 2,5 millones en efectivo, divisas extranjeras y diversos equipos de vigilancia y espionaje.
Una investigación que nació de un robo
El expediente de San Isidro no se inició por una denuncia de corrupción, sino por el robo de equipamiento tecnológico perteneciente a la Red Federal de Fibra Óptica en un predio logístico de San Fernando. A partir de esa pesquisa, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en la contratación de servicios de almacenamiento y logística, que habrían beneficiado a la firma Argentina Logistic Services (ALS) mediante adjudicaciones direccionadas y sin los controles habituales.
Leal fue indagado recientemente en esa causa. En su declaración negó haber intervenido en las contrataciones investigadas, argumentando que, al momento en que se estructuraron los concursos cuestionados, todavía no ocupaba posiciones de conducción dentro de ARSAT. Evitó, en cambio, referirse al origen de los fondos hallados en los allanamientos. Los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados continúan en curso.
Hallazgo de equipos de inteligencia
Uno de los aspectos que más repercusión generó fue el secuestro de una valija con equipos de vigilancia e inteligencia durante los procedimientos. Entre los elementos incautados había un teléfono satelital Iridium, cámaras ocultas, micrófonos ambientales, dispositivos de geolocalización camuflados y otros equipos de seguimiento, además de teléfonos celulares y soportes de almacenamiento que aún están bajo análisis pericial. Las primeras evaluaciones técnicas mencionadas en la causa indican que los dispositivos no estaban siendo utilizados activamente al momento del allanamiento, aunque la Justicia sigue investigando su procedencia y su finalidad.
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