El 11 de septiembre de 2020, el entonces presidente del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, dictó la resolución 1018 que aprobó el proyecto de Actualización de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) de la empresa estatal Arsat a ser financiado con dinero del Programa de Aumento de la Capacidad de la Refefo del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU). Dicho programa, a su vez, había sido aprobado por la resolución 867 del mismo 2020, el año de la larga cuarentena por la pandemia de Covid.
En aquella oportunidad se había otorgado para ese fin a Arsat la suma de AR$ 3000 millones provenientes del FFSU y un plazo de 24 meses desde la firma del convenio entre el Enacom y la empresa.
Transcurrido todo el año 2021 y buena parte del 2022, mediante la resolución 1738/2022 del Enacom, ratificada por la resolución 1880/2022 de mismo organismo, se amplió el plazo de ejecución por otros doce meses. Esa fue la primera ampliación, pero habría otras dos.
Mediante la resolución 541/24 del Enacom se efectuó una nueva adenda para prorrogar el plazo por segunda vez, y darle otros seis meses y se amplió el monto en AR$ 1500 millones, llevando la suma total nominal hasta los AR$ 4500 millones. Dicha adenda fue firmada el 12 de septiembre de 2024.
Ahora, mediante la resolución 367/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Enacom, que encabeza el interventor Juan Martín Ozores, volvió a prorrogar el plazo original dándole otros seis meses a Arsat para finalizar las obras.
En los considerandos de esta última resolución se argumenta que la extensión del plazo es necesaria «en relación a la intervención de la Universidad Tecnológica Nacional para verificar la finalización efectiva del proyecto antes de ejecutar el último desembolso.
Si se contaran los plazos desde el punto de inicio, las obras -que debieron concluir a finales de 2022- deberían estar finalizadas el próximo 12 de septiembre, pero la nueva resolución fija el comienzo del nuevo plazo en la fecha de publicación, así que el final deberá ser para el 20 de septiembre.
Según la auditoría interna realizada por el Enacom en el Fondo Fiduciario de Servicio Universal –disuelto por el gobierno nacional y reemplazado por un plan de infraestructura crítica a financiarse con el mismo impuesto-, Arsat no cumplió con la mayor parte de las obras comprometidas en programas financiados por FFSU.
La estatal Arsat, que el gobierno incluyó en una primera lista de empresas a privatizar en la frustrada versión original de la ley Bases, consumió AR$ 10.700 millones nominales del FFSU y fue la empresa que individualmente más recursos recibió del fondo.
El DNU 70/2023 de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, en su artículo 50, prohíbe expresamente al Estado dar ventajas o privilegios a empresas bajo control gubernamental, como es el caso de Arsat. En concreto, ese artículo sostiene: «Las empresas en las que el Estado nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga».
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