Tras la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y las desregulaciones introducidas a través del DNU 70 y de la ley Bases, que el viernes 2 de febrero fue aprobada en general en la cámara de Diputados, el presidente Javier Milei decretó la intervención de todos los medios de comunicación bajo control del Estado nacional.
Mediante el decreto 117/24 el mandatario dispuso ahora la intervención de las sociedades del estado Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos. El decreto designó como interventor, “con carácter ad honorem” al abogado corporativista Diego Martín Chaher, mendocino, de larga trayectoria en el grupo América, propiedad de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, en especial cuando el managament de esa señal estuvo a cargo del productor Juan Cruz Ávila. Además, fue designado como interventor adjunto el abogado Diego Sebastián Marías, ex legislador porteño del PRO.
Ambos funcionarios reportarán a la jefatura de gabinete, a cargo de Nicolás Posse, quien -según el decreto- tendrá la potestad de dictar las normas complementarias o aclaratorias que resulten necesarias para implementar la intervención.
La intervención -que podrá durar hasta dos años- deberá elaborar un plan de «reformulación, readecuación y acción» para las sociedades, para las que se anticipan fuertes recortes del gasto. También podrá modificar el estatuto para el personal del organismo y designar o remover funcionarios y personal, el régimen de administración de fondos, el reglamento de contrataciones, la denominación de los organismos, su estructura orgánica y funcional, y disponer una auditoría general.
Los interventores tendrán en forma conjunta las facultades que los respectivos estatutos de las empresas confieren a sus directorios y/o presidentes; y las establecidas en el decreto de intervención, que son las siguientes:
a. Elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo
b. Evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo
c. Evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo.
d. Modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo.
e. Modificar la denominación de los organismos, previa conformidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
f. Modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva.
g. Revisar la administración de compras y contrataciones.
h. Disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos.
i. Presentar la rendición de cuentas.
j. Operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas.
k. Designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas.
El decreto aclara que esas funciones son sólo a título “enunciativo y no limita en modo alguno las funciones del interventor y del interventor adjunto que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios.
Además, agrega que “en caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor y el Interventor Adjunto deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar”.
En los considerandos, el decreto recuerda brevemente el origen y el recorrido jurídico de cada una de esas empresas. Educar fue creado por decreto 383/2000 para administrar, desarrollar y potenciar el portal educativo del Ministerio de Educación. Mediante el decreto 94/2000 se creó el Sistema Nacional de Medios Públicos, que incluyó Canal 7 y Radio Nacional, y fue absorbido por Radio y TV Argentina SE cuando ésta fue creada por la ley 26.522 de medios audiovisuales. Aunque tiene una larga historia, la última versión jurídica de Télam, agencia de noticias y publicidad, tiene origen en el decreto 2507/2002. A través del decreto 1222/2016 se creó Contenidos Públicos para gestionar las señales audiovisuales preexistentes Encuentro, Paka Paka, Depor TV, Acua Mayor y Acua Federal -estas últimas ya extintas- y las señales que las reemplazaran y sumaran en el futuro.
En los mismos considerandos el decreto recuerda que el DNU 70/23, de desregulación de la economía, declaró la emergencia pública y consideró la necesidad de una profunda reorganización de las empresas públicas. Ese decreto también dispuso la transformación de las empresas con participación del Estado en sociedades anónimas acordes al régimen general de sociedades de cara a una futura privatización (algo que no dice el decreto pero que está en la intención del gobierno y forma parte del contenido del proyecto de ley Bases).
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