Los gremios de prensa lanzaron una contraofensiva legislativa para reponer, con una versión nueva pero que retoma los ejes históricos, las normas centrales del Estatuto del Periodista Profesional, de 1946, derogado este año en el contexto de la reforma laboral impulsada por la administración Milei. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y organizaciones sindicales de distintas provincias presentaron en el Senado nacional un proyecto de ley que busca reemplazar a la vieja ley 12.908 antes de que deje de regir definitivamente el 1° de enero de 2027.
La iniciativa fue expuesta en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, en una reunión moderada por la senadora peronista jujeña Carolina Moisés. Participaron dirigentes sindicales y periodistas, entre ellos Carla Gaudensi, secretaria general de Fatpren y secretaria adjunta de Sipreba; María Ana Mandakovick, del gremio Cispren, Córdoba; Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe; la periodista y abogada Gabriela Pepe; y el periodista Mariano Obarrio.
El proyecto parte de una definición política y laboral: sostiene que la protección del trabajo periodístico no es sólo una cuestión sectorial, sino una condición para la libertad de expresión y el derecho social a la información. Sobre esa base, recupera ejes del viejo estatuto, como la estabilidad laboral forzada, la jornada limitada, el período de prueba reducido, el salario mínimo profesional, la protección frente al despido arbitrario y el secreto profesional, la mayoría de las cuales están protegidas por la Constitución Nacional y la legislación laboral general.
La propuesta establece que el despido sólo podrá producirse con causa justificada y, en caso contrario, habilita al trabajador a optar entre la reincorporación o una indemnización especial. También fija una jornada máxima de 36 horas semanales, con horas extras al 100%, y mantiene vacaciones ampliadas según la antigüedad.
El artículo 2 del proyecto amplía el carácter profesional a todos los rubros auxiliares: «Se consideran periodistas profesionales las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas de buscar, recibir, difundir e investigar informaciones, opiniones e ideas, de interés general o sectorial, a través de cualquier plataforma o soporte tecnológico; los trabajadores y las trabajadoras de prensa que cumplan tareas de apoyo a las del periodista profesional en las áreas administrativas, técnicas, de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y toda otra que complemente la actividad periodística».
Los sindicatos incorporaron un conjunto de derechos vinculados con las transformaciones del ecosistema mediático: plataformas digitales, inteligencia artificial, teletrabajo, salud psicofísica, violencia laboral, licencias de cuidado y protección en coberturas de calle.
Limitación explícita de la IA y privilegios digitales
Uno de los puntos más sensibles es la regulación de la inteligencia artificial. El proyecto establece que la IA sólo podrá utilizarse como herramienta complementaria del trabajo periodístico y no como sustituto total de la producción informativa. También exige supervisión humana, reconocimiento de autoría, capacitación obligatoria y compensaciones cuando los contenidos, estilos o producciones de periodistas sean utilizados por sistemas automatizados.
En materia de plataformas, la iniciativa plantea el reconocimiento de la autoría de las producciones periodísticas y la retribución por su uso o apropiación. Para eso, prevé instancias de negociación colectiva con plataformas tecnológicas vinculadas a la comunicación, con participación de empleadores y sindicatos.
El proyecto también incorpora privilegios específicos para el teletrabajo: voluntariedad, reversibilidad, desconexión digital y compensación de gastos. En paralelo, prohíbe requerimientos laborales fuera de la jornada legal, salvo situaciones excepcionales, y establece pausas obligatorias para tareas de monitoreo digital continuo, coberturas de noticias en desarrollo o gestión intensiva de redes.
Otro capítulo es el de salud mental y violencia laboral. El texto obliga a los empleadores a implementar protocolos contra la violencia y el acoso, incorpora licencias por violencia de género y prevé la posibilidad de reasignar temporalmente a periodistas expuestos a coberturas de alta carga emocional o riesgo psicosocial.
La propuesta propone nuevas categorías profesionales. En lugar de la estructura clásica del viejo estatuto, organizada alrededor de medios gráficos, radiales y televisivos, el nuevo texto habla de áreas de trabajo: generación y redacción de contenido, generación de imagen, intervención técnica visual y sonora, presentación y emisión, administración de pauta y tareas administrativas.
Durante la presentación, Gaudensi sostuvo que la prioridad gremial es evitar que el Estatuto quede definitivamente derogado. Gabriela Pepe vinculó la iniciativa con la defensa del derecho ciudadano a recibir información fidedigna, mientras que Mariano Obarrio puso el foco en el impacto de la inteligencia artificial y en la apropiación de contenidos periodísticos por parte de plataformas y sistemas automatizados, en línea con la posición general de los editores.
El proyecto fue elaborado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) junto con sindicatos y asociaciones de prensa de todo el país, entre ellos los de Córdoba (Cispren), Corrientes (APC), Chaco (Sindicato de Prensa del Chaco), Mendoza (Siprem), Entre Ríos (Sindicato de Prensa de Paraná y Sindicato de Prensa de Santa Elena), Salta (Siprensasl), Tucumán (APT), La Rioja (Sicomlar), La Pampa (Atprec), Neuquén (Supren), Santa Fe (APSF y SPR Rosario), Buenos Aires (Sipreba, Siprebo, Sindicato de Prensa de Mar del Plata y SPT Tandil y Azul), además de organizaciones de Chubut (Stpoch) y otras entidades sindicales vinculadas a la actividad periodística.
Todos los sindicatos se habían opuesto férreamente a la derogación del estatuto de 1946.
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