Los gremios de prensa lanzaron una contraofensiva legislativa para reponer, con una versión nueva pero que retoma los ejes históricos, las normas centrales del Estatuto del Periodista Profesional, de 1946, derogado este año en el contexto de la reforma laboral impulsada por la administración Milei. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y organizaciones sindicales de distintas provincias presentaron en el Senado nacional un proyecto de ley que busca reemplazar a la vieja ley 12.908 antes de que deje de regir definitivamente el 1° de enero de 2027.
La iniciativa fue expuesta en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, en una reunión moderada por la senadora peronista jujeña Carolina Moisés. Participaron dirigentes sindicales y periodistas, entre ellos Carla Gaudensi, secretaria general de Fatpren y secretaria adjunta de Sipreba; María Ana Mandakovick, del gremio Cispren, Córdoba; Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe; la periodista y abogada Gabriela Pepe; y el periodista Mariano Obarrio.
El proyecto mezcla deliberadamente aspectos laborales con cuestiones de raigambre constitucional: sostiene que la protección del trabajo periodístico no es sólo una cuestión sectorial, sino una condición para la libertad de expresión y el derecho social a la información. De aprobarse, en toda diferencia laboral el trabajador podría argumentar la violación de derechos constitucionales.
Entre los ejes del viejo estatuto que recupera están la estabilidad laboral forzada, la jornada limitada, el período de prueba reducido, el salario mínimo profesional y la protección frente al despido arbitrario. Entre los asuntos constitucionales redunda en el secreto profesional, el acceso a las fuentes y la libertad de expresión, todos aspectos ya previstos en la Constitución Nacional.
El proyecto también busca que el estatuto, de aprobarse, quede por fuera de la reciente reforma laboral -que permite los convenios colectivos por empresa o regionales-. «Las disposiciones de esta ley se declaran de orden público y será nula y sin valor toda convención de partes que modifique en perjuicio del personal los beneficios que ella establece», sostiene el artículo 27.
La propuesta establece que el despido sólo podrá producirse con causa justificada y, en caso contrario, habilita al trabajador a optar entre la reincorporación o una indemnización especial. También fija una jornada máxima de 36 horas semanales, con horas extras al 100%, y mantiene vacaciones ampliadas según la antigüedad.
El artículo 2 del proyecto amplía el carácter profesional a todos los rubros auxiliares: «Se consideran periodistas profesionales las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas de buscar, recibir, difundir e investigar informaciones, opiniones e ideas, de interés general o sectorial, a través de cualquier plataforma o soporte tecnológico; los trabajadores y las trabajadoras de prensa que cumplan tareas de apoyo a las del periodista profesional en las áreas administrativas, técnicas, de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y toda otra que complemente la actividad periodística».
Y el artículo 3, perevé que los sindicatos con personería gremial «podrán llevar un registro y extender un carné, para lo cual el peticionante deberá suministrar los datos necesarios que justifiquen encontrarse realizando actividad periodística», sin detallar a qué datos se refiere.
El proyecto de estatuto se extiende hasta la gestión de la propiedad intelectual al introducir una «compensanción por reiteración de uso del material periodístico» (similar a los que rigen para los actores o los músicos). Allí establece que el empleador debe retribuir adicionalmente las sucesivas publicaciones de la misma producción periodística realizada en otros medios del mismo grupo económico o editorial en las condiciones que determine la negociación paritaria. El mismo criterio se aplicará cuando el empleador periodístico venda, tercerice, distribuya o ceda de cualquier forma dicha producción a terceros o a soportes no previstos en la contratación original. El periodista tendrá derecho a negar dicha cesión por razones de principios éticos generalmente aceptados».
Con el nombre de «derecho a la negación», el proyecto regula la objeción de conciencia al establecer que el trabajador puede negarse a «realizar actividades informativas o de opinión contrarias a los principios éticos o profesionales del periodismo o sus convicciones en cuestiones fundamentales, sin que ello pueda provocar ningún tipo de sanción, siendo tal negativa justificada».
Limitación explícita de la IA y privilegios digitales
Uno de los puntos más sensibles es la regulación de la inteligencia artificial. El proyecto establece que la IA sólo podrá utilizarse como herramienta complementaria del trabajo periodístico y no como sustituto total de la producción informativa. También exige supervisión humana, reconocimiento de autoría, capacitación obligatoria y compensaciones cuando los contenidos, estilos o producciones de periodistas sean utilizados por sistemas automatizados.
En materia de plataformas, la iniciativa plantea el reconocimiento de la autoría de las producciones periodísticas y la retribución por su uso o apropiación. Para eso, prevé instancias de negociación colectiva con plataformas tecnológicas vinculadas a la comunicación, con participación de empleadores y sindicatos.
El proyecto también incorpora privilegios específicos para el teletrabajo: voluntariedad, reversibilidad, desconexión digital y compensación de gastos. En paralelo, prohíbe requerimientos laborales fuera de la jornada legal, salvo situaciones excepcionales, y establece pausas obligatorias para tareas de monitoreo digital continuo, coberturas de noticias en desarrollo o gestión intensiva de redes.
Otro capítulo es el de salud mental y violencia laboral. El texto obliga a los empleadores a implementar protocolos contra la violencia y el acoso, incorpora licencias por violencia de género y prevé la posibilidad de reasignar temporalmente a periodistas expuestos a coberturas de alta carga emocional o riesgo psicosocial.
La propuesta propone nuevas categorías profesionales. En lugar de la estructura clásica del viejo estatuto, organizada alrededor de medios gráficos, radiales y televisivos, el nuevo texto habla de áreas de trabajo: generación y redacción de contenido, generación de imagen, intervención técnica visual y sonora, presentación y emisión, administración de pauta y tareas administrativas.
Durante la presentación, Gaudensi sostuvo que la prioridad gremial es evitar que el Estatuto quede definitivamente derogado. Gabriela Pepe vinculó la iniciativa con la defensa del derecho ciudadano a recibir información fidedigna, mientras que Mariano Obarrio puso el foco en el impacto de la inteligencia artificial y en la apropiación de contenidos periodísticos por parte de plataformas y sistemas automatizados, en línea con la posición general de los editores.
El proyecto fue elaborado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) junto con sindicatos y asociaciones de prensa de todo el país, entre ellos los de Córdoba (Cispren), Corrientes (APC), Chaco (Sindicato de Prensa del Chaco), Mendoza (Siprem), Entre Ríos (Sindicato de Prensa de Paraná y Sindicato de Prensa de Santa Elena), Salta (Siprensasl), Tucumán (APT), La Rioja (Sicomlar), La Pampa (Atprec), Neuquén (Supren), Santa Fe (APSF y SPR Rosario), Buenos Aires (Sipreba, Siprebo, Sindicato de Prensa de Mar del Plata y SPT Tandil y Azul), además de organizaciones de Chubut (Stpoch) y otras entidades sindicales vinculadas a la actividad periodística.
Todos los sindicatos se habían opuesto férreamente a la derogación del estatuto de 1946.
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