El presidente Javier Milei se decidió finalmente por la eliminación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) cuya gestión generó numerosas irregularidades en los últimos años y sobre el cual había varias ideas de reforma, incluida una propuesta de las grandes empresas de telecomunicaciones. El FFSU, que en su forma actual fue creado por la ley Argentina Digital de 2014 pero cuyos antecedentes se remontan a la privatización de la estatal Entel, retiene el 1% del dinero que todos los usuarios le pagan a todas las empresas de telecomunicaciones por servicios TIC.
Aunque el FFSU se disuelve, se mantendrá el impuesto que lo alimentaba porque -según los considerandos del decreto de disolución- «la política pública de garantizar el acceso al Servicio Universal, en los términos del artículo 18 de la ley N° 27.078 y sus modificatorias permanece vigente y, por ello, la obligación de realizar los aportes de inversión prevista».
En efecto, ese artículo dispone que «el Estado nacional garantiza el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica».
La disolución del FFSU sin eliminar el impuesto que lo alimenta se contradice con lo dispuesto en el artículo 5°, inc c) de la ley Bases 27.742: «Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de aportes o recargos obligatorios creados a tal fin, tanto la asignación como los aportes o recargos obligatorios se considerarán eliminados».
Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, «los extraordinarios cambios en cobertura [de conectividad] requieren un rediseño integral de los programas para dar servicio universal (por ejemplo el despliegue de la tecnología satélite a teléfono haría obsoleto el objeto porque la cobertura territorial sería absoluta)».
Durante 2024, Convercom.info informó detalladamente sobre múltiples irregularidades que mostró el FFSU, que no registra denuncias judiciales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pero que generó inquietud en ese organismo cuando el 12 de diciembre pasado se produjo un allanamiento judicial en búsqueda de información sobre varias empresas beneficiarias con subsidios (procedimiento sobre el que el Enacom y otros organismos nacionales no dieron aún información precisa a pesar de alguna trascendencia pública del caso).
La actual gestión del Enacom, a cargo de Juan Martín Ozores, había mostrado interés en mantener el FFSU y de hecho hizo dos asignaciones de recursos en 2024: $ 1500 millones adicionales para que la estatal Arsat complete un proyecto aprobado en 2020 y nunca terminado (y para el que se habían asignado originalmente $ 3000 millones) y $ 20.000 millones más para el Programa Conectividad para el Sistema Universitario Nacional – Mejora y actualización de equipamiento, que había sido aprobado en 2021 y al que en ese momento se le habían asignado $ 9000 millones.
La asignación de $ 1500 millones adicionales a Arsat, empresa que incumplió buena parte de los proyectos para los cuales recibió financiamiento del FFSU, motivó en su momento un pedido de informes de la diputada nacional Margarita Stolbizer, del bloque opositor Encuentro Federal, quien argumentó que esa cesión violentaba el artículo 50 del DNU 70/23, que estableció que «las empresas en las que el Estado nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el Estado nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga».
A lo largo de su existencia el FFSU acumuló 107.000 millones de pesos nominales, dinero que el directorio encabezado por el massista Claudio Ambrosini, que condujo el Enacom entre 2019 y 2023, adjudicó casi por completo; sólo la mitad de los recursos se desembolsaron efectivamente pero no hay certeza de que los proyectos se hayan realizado, y es baja la cantidad de respuestas a las intimaciones. Esas son las conclusiones que se desprenden de la auditoría interna realizada al principio del actual mandato por el Enacom.
En sintonía con decisiones similares y adoptadas por la administración Milei, mediante el decreto 6/25 publicado hoy en el Boletín Oficial se disolvieron tres fondos fiduciarios: el Fideicomiso Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el FFSU.
En sus considerandos, sobre el FFSU el decreto menciona una auditoría externa al Enacom realizada por la Sindicatura General de la Nación en la que se «señaló la existencia de programas anteriores al año 2021 que se encuentran en ejecución durante 2024, no constando un instrumento que haya previsto su prórroga», pero no se dan más detalles.
En el caso del FFSU, sólo se deroga un artículo del capítulo de Servicio Universal previsto en la ley Argentina Digital, el 21, que refiere a la creación del fondo, pero no deroga los tres que crearon la política (18, 19 y 20) ni otros cuatro (22, 23, 24 y 25) que refieren a la obligación de realizar aportes de inversión al FFSU, posibles exenciones de esos aportes, categorías de servicio universal y aplicación de los aportes mediante programas específicos.
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