La piratería audiovisual en la Argentina registró una disminución del 15% durante el último semestre, según afirmó Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, durante las 36ª Jornadas Internacionales 2026, organizadas por ATVC y Cappsa en Buenos Aires.
“Por primera vez, estamos viendo una disminución de la piratería: en la Argentina cayó un 15% durante el último semestre. Aun considerando posibles errores en el cálculo, se trata de una baja significativa que es resultado de un trabajo sostenido en distintos frentes”, sostuvo Bacaloni.
La información difundida durante el encuentro no precisó la metodología utilizada para estimar esa reducción ni el universo de servicios y usuarios comprendidos. El dato, sin embargo, marca un contraste con la evolución del fenómeno durante los últimos años.
Como informó Convercom.info en la cobertura de la apertura de las Jornadas, el presidente de Cappsa, Sergio Veiga, había señalado que el consumo ilegal de contenidos aumentó 108% entre 2020 y 2025 y que casi el 40% de los hogares con Internet consume o consumió contenidos audiovisuales mediante servicios no autorizados.
Las cifras corresponden a períodos e indicadores diferentes, por lo que no son directamente comparables. En cualquier caso, las intervenciones de los especialistas coincidieron en que las medidas judiciales y las acciones de las empresas deben adaptarse a modalidades de distribución ilegal que cambian rápidamente.
De los bloqueos de sitios a las investigaciones de organizaciones criminales
Uno de los ejes del encuentro fue el papel de la Justicia en la identificación y desarticulación de las organizaciones dedicadas a distribuir contenidos audiovisuales sin autorización.
Horacio Juan Azzolín, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), destacó los resultados de las investigaciones sobre plataformas como Tarjeta Roja y Magis TV. “La acción realizada sobre Tarjeta Roja y Magis TV fue un modelo regional que tuvo resultados concretos focalizados en el mundial. Además, crean un efecto disuasivo en este tipo de organizaciones delictivas”, afirmó.
El fiscal señaló que en la Argentina se observa una reducción de determinadas modalidades de piratería como consecuencia de las investigaciones judiciales, pero advirtió que el bloqueo de páginas o aplicaciones resulta insuficiente para enfrentar estructuras que pueden trasladar sus operaciones a otros dominios e infraestructuras.
“El desafío es avanzar más allá del bloqueo de contenidos, identificar a quienes operan estas redes ilegales y actuar sobre su infraestructura. Para eso, la colaboración del sector privado es fundamental, tanto por su conocimiento técnico como por la información que aporta a las investigaciones”, explicó Azzolín.
En esa misma línea, Bacaloni sostuvo que la piratería evolucionó desde los sitios web tradicionales hacia servicios de IPTV que permiten acceder a canales de televisión y transmisiones deportivas mediante Internet.
Según el representante de la Alianza, las investigaciones también permitieron identificar organizaciones criminales que operan dentro del territorio argentino, aunque insistió en que uno de los principales desafíos es garantizar la continuidad de las medidas.
El deporte en vivo exige respuestas más rápidas
La protección de las transmisiones deportivas ocupó otro espacio de discusión. A diferencia de otros contenidos audiovisuales, el valor comercial de un partido se concentra especialmente en su emisión en directo, lo que reduce la efectividad de las medidas que se aplican una vez concluido el evento.
Mariana Oteiza, directora senior de Legales de TNT Sports, HBO Max y Skydance, destacó los avances en los mecanismos de protección de derechos, aunque señaló que todavía existen limitaciones regulatorias.
“Tenemos avances claros en la defensa del valor de un derecho cuyo valor sustancial reside en los 90 minutos de la transmisión en vivo. Como compañía, hemos avanzado muchísimo y hoy podemos actuar con mayor rapidez, aunque persiste una carencia de regulación local. Sin embargo, los mayores logros se han alcanzado a partir del trabajo conjunto”, explicó.
Oteiza también advirtió que las organizaciones dedicadas a la piratería operan mediante redes de recursos distribuidas en jurisdicciones que les ofrecen ventajas para mantener sus actividades.
Por su parte, Víctor Hugo Portillo, asesor legal de LaLiga para América Latina, destacó la importancia de la cooperación internacional para proteger los derechos de transmisión de las competencias deportivas.
“Desde LaLiga trabajamos junto con las autoridades de distintos países para proteger los derechos de transmisión y combatir la distribución ilegal de contenidos”, afirmó.
Los operadores reclaman medidas que no afecten las redes legales
La discusión también alcanzó a los proveedores de conectividad, que deben responder a los requerimientos judiciales sin comprometer el funcionamiento de sus servicios.
Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos Antipiratería y Requerimientos Judiciales de Personal, explicó que la compañía desarrolla investigaciones y promueve acciones penales en distintas regiones del país.
“Nuestro objetivo es proteger los contenidos de Flow y también a los usuarios, que al acceder a plataformas ilegales pueden exponer sus datos personales y comprometer su seguridad digital”, señaló.
Piris planteó que las herramientas utilizadas para combatir la distribución ilegal de contenidos deben preservar simultáneamente el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.
Desde la perspectiva de los operadores de menor escala, Francisco Berdaguer, abogado y asesor de Red Intercable, advirtió sobre las dificultades para obtener respuestas judiciales oportunas, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.
“Lamentablemente los tiempos de la Justicia no son los tiempos que los actores del sector pueden esperar”, sostuvo.
Berdaguer explicó que Red Intercable dispone de un protocolo específico de actuación y participa en campañas de concientización. También señaló que en el interior del país faltan recursos para enfrentar una problemática que requiere intervenciones inmediatas.
Brasil utiliza inteligencia artificial e incauta dispositivos ilegales
Las experiencias internacionales también formaron parte del debate. Marcel Fleury, coordinador de Fiscalización de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel), presentó las medidas implementadas en ese país contra la comercialización de equipos y servicios irregulares.
Según explicó, el regulador brasileño combina la incautación de millones de dispositivos con herramientas de inteligencia artificial para identificar la oferta de equipos ilegales en plataformas de comercio electrónico.
La estrategia incluye requisitos de homologación y ciberseguridad destinados a proteger a los consumidores y dificultar las operaciones de los distribuidores no autorizados.
Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Externos, Económicos y Regulatorios de WAIKEN ILW, destacó la experiencia brasileña en materia de bloqueos y planteó que podría servir como referencia para otros países de la región.
“Allí se realizan bloqueos masivos pese a contar con entre 18.000 y 19.000 proveedores de Internet, sin perjudicar sus negocios. Debemos tomar estas experiencias como referencia”, sostuvo.
Bentancourt también anticipó que Waiken, junto con otra organización regional y con el apoyo de autoridades argentinas, lanzará un manual destinado a brindar asistencia a las autoridades judiciales en investigaciones vinculadas con la piratería audiovisual.
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