La iniciativa elimina el marco regulatorio vigente desde 1986, que establecía cuotas de producción nacional, creaba registros obligatorios y fijaba mecanismos de control para importadores, distribuidores y emisoras de televisión. Aunque la ley permaneció en vigor durante casi cuatro décadas, nunca llegó a aplicarse de manera plena y sostenida, por lo que la reforma también formaliza una situación que ya caracterizaba al mercado