El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al expresidente de Arsat Facundo Leal por presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la contratación de servicios de transporte, logística y almacenamiento de equipamiento tecnológico de la empresa estatal. La resolución, conocida el jueves 15 de octubre, alcanzó a otros nueve acusados y a la firma Argentina Logistic Services (ALS), presuntamente beneficiada mediante adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y pagos de sobornos.
El magistrado consideró que existen elementos suficientes para atribuirle a Leal los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo. También dispuso un embargo de $3000 millones sobre sus bienes.
La resolución representa un nuevo avance en el escándalo que comenzó a fines de mayo, cuando la detención del exdirectivo expuso presuntas irregularidades en la administración de una de las principales empresas tecnológicas del Estado argentino, responsable de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), los satélites nacionales, infraestructura de centros de datos y la televisión digital terrestre.
Según la información del expediente difundida por La Nación, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 Arsat emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS. Las contrataciones se concretaron mediante procedimientos directos, sin la intervención del directorio que correspondía por sus montos y pese a objeciones formuladas por el área jurídica de la empresa.
Durante ese período, la firma privada recibió pagos por US$ 1.695.667 y $32,2 millones. El juez consideró esas sumas como perjuicio para la empresa estatal.
Un contrato de almacenamiento bajo sospecha
La investigación judicial comenzó en enero de 2024, cuando Arsat denunció la desaparición de equipamiento tecnológico almacenado en 15 contenedores ubicados en un depósito de San Fernando, provincia de Buenos Aires, administrado por ALS.
El perjuicio inicial fue estimado en US$ 151.126 y casi $5 millones. Sin embargo, las pesquisas realizadas por el fiscal federal Fernando Domínguez permitieron reconstruir una relación comercial mucho más extensa entre funcionarios de Arsat y directivos de la empresa proveedora.
Uno de los contratos centrales fue el alquiler de un depósito por US$ 766.099 anuales, acordado en 2021 y renovado posteriormente.
Según la investigación, la competencia de precios habría sido simulada mediante la utilización de empresas que aparecían como oferentes alternativos. Incluso se determinó que ALS ya había alquilado el inmueble antes de que Arsat iniciara formalmente el procedimiento de contratación.
El expediente incorporó comunicaciones entre funcionarios y empresarios que, para el magistrado, permiten reconstruir tanto el direccionamiento de las contrataciones como la existencia de pagos ilegales.
Entre los mensajes analizados aparecen referencias a la intervención de Leal en la ampliación de las prestaciones contratadas y a las gestiones realizadas por Gerardo Boschin, entonces responsable de áreas vinculadas con las compras y contrataciones.
La Justicia también examinó intercambios entre los empresarios involucrados sobre pagos realizados fuera de los circuitos formales y presuntos retornos destinados a funcionarios.
Leal negó haber participado de las maniobras. Durante su indagatoria del 13 de julio optó por presentar un escrito y no responder preguntas. En su defensa sostuvo que no existían documentos ni comunicaciones que demostraran su intervención en las adjudicaciones cuestionadas.
El procesamiento no constituye una condena definitiva y las responsabilidades penales deberán establecerse en las siguientes etapas del proceso.
Cinco exfuncionarios de Arsat y cinco particulares procesados
Además de Leal, la resolución alcanzó a otros cuatro exintegrantes de la empresa estatal: Gerardo Boschin, ex gerente de Compras y Contrataciones y posteriormente de Administración y Finanzas; Pablo Pagani, ex subgerente de Servicios Corporativos y Logística; Juan Andrés Navarro, ex subgerente de Administración y luego gerente Comercial; y Juan Antonio Álvarez, integrante del área de compras.
Entre los particulares procesados figuran Fernando Paredes, presidente de ALS; los directivos Diego y Gastón Padilla; Sofía Varela Vizgarra, empleada de esa compañía; y Santiago Pando, identificado en la investigación como intermediario entre empresarios y funcionarios.
La empresa ALS también fue procesada como persona jurídica, en aplicación de la legislación argentina de responsabilidad penal empresaria.
El magistrado impuso embargos de $ 3000 millones cada uno a Leal, Boschin y Pagani, mientras que para otros acusados dispuso medidas patrimoniales diferenciadas.
La dimensión del expediente resulta especialmente significativa porque no se limita a un funcionario que habría obtenido beneficios individuales: la hipótesis judicial describe un mecanismo en el que participaron distintas áreas administrativas y operativas de la compañía pública.
Un funcionario que atravesó tres administraciones
Leal, abogado mendocino, desarrolló buena parte de su carrera profesional en el sector público vinculado con infraestructura y telecomunicaciones.
Su primera etapa en Arsat comenzó poco después de la creación de la empresa, en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entre 2010 y 2012 fue gerente general, cuando la compañía avanzaba en proyectos como la Red Federal de Fibra Óptica y el centro de datos de Benavídez.
Regresó a la conducción en enero de 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, como integrante del directorio. Posteriormente ocupó la gerencia general y en agosto de 2022 asumió la presidencia de Arsat, en reemplazo de Matías Tombolini.
Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada dejó la presidencia de la empresa en febrero de 2024, pero continuó vinculado con su estructura administrativa. Más tarde fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), responsabilidad que ejerció durante 2025 y hasta comienzos de 2026.
Su continuidad en distintas posiciones estatales, bajo gobiernos de diferente orientación política, constituye uno de los aspectos institucionales del caso. Como informó anteriormente Convercom.info, el actual presidente de Arsat, Mariano Greco, también había integrado la conducción tecnológica de la empresa durante la administración de Leal.
El caso vuelve a plantear interrogantes sobre los controles internos de una empresa que concentra infraestructura estratégica y gestiona contratos de elevado valor económico.
US$2,6 millones en efectivo y otras investigaciones
El procesamiento por presunta corrupción se suma a otras actuaciones judiciales iniciadas después de los allanamientos realizados en mayo en propiedades de Leal ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.
En esos procedimientos se secuestraron distintas sustancias estupefacientes, documentación, dispositivos electrónicos y una importante cantidad de dinero en efectivo. Según la reconstrucción más reciente del expediente publicada por Infobae, el dinero encontrado en ambos domicilios alcanzó aproximadamente US$2,6 millones.
Una investigación paralela intenta determinar el origen de esos fondos y establecer si están relacionados con posibles delitos de lavado de activos o enriquecimiento ilícito.
En otra causa, que tramita ante el juez federal Daniel Rafecas, Leal fue procesado por delitos vinculados con estupefacientes. Desde julio cumple arresto domiciliario, dispuesto a partir de evaluaciones médicas sobre su situación de salud y las posibilidades de tratamiento dentro del sistema penitenciario.
El nuevo procesamiento dispuesto por Mirabelli no incluyó prisión preventiva en el expediente sobre las contrataciones de Arsat.
Las auditorías de Arsat y los antecedentes del Servicio Universal
La investigación judicial también proyecta interrogantes sobre la gestión administrativa de Arsat y los mecanismos mediante los cuales se adjudicaron y controlaron contratos durante los últimos años.
El 1 de julio, Convercom.info informó que el directorio de la estatal había dejado trascender la decisión de contratar una auditoría externa para revisar procedimientos administrativos, compras, contrataciones y mecanismos internos de control. También se conoció entonces la desvinculación de Leal y Boschin, quienes continuaban vinculados laboralmente con la empresa.
El procesamiento agrega ahora una dimensión judicial concreta a esas preocupaciones: de acuerdo con la resolución, determinadas contrataciones fueron aprobadas pese a observaciones jurídicas y sin cumplir los procedimientos internos correspondientes.
La situación se suma a otros antecedentes vinculados con el uso de fondos públicos destinados a infraestructura digital. En septiembre de 2024, Convercom.info publicó una investigación basada en pedidos de acceso a la información pública y documentación del Enacom que permitió identificar asignaciones por aproximadamente $10.700 millones a Arsat provenientes del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU).
Aquel trabajo registró proyectos con incumplimientos, demoras, modificaciones de plazos y observaciones administrativas. La empresa había atribuido parte de esas dificultades a las restricciones cambiarias, los problemas de importación y las limitaciones financieras.
El Fondo de Servicio Universal se financia con aportes obligatorios de los prestadores de servicios TIC, equivalentes al 1% de sus ingresos, y está destinado a extender la conectividad hacia zonas que no resultan suficientemente atendidas por el mercado.
También quedó bajo observación pública una contratación por unos US$30 millones relacionada con la modernización de la Refefo mediante equipamiento Huawei y la participación de la empresa cordobesa Tecnored. Convercom.info reconstruyó en junio antecedentes de esa operación, así como reuniones y vínculos entre funcionarios y proveedores difundidos originalmente por La Nación.
Estos antecedentes muestran la necesidad de examinar de manera integral los procedimientos de contratación, la ejecución presupuestaria y la supervisión de los recursos administrados por la empresa.
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