El 17 de noviembre pasado, dos días antes del ballotage que consagró a Javier Milei como presidente de la Nación, la jueza Cecilia G. M. de Negre, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, declaró nulo el decreto de necesidad y urgencia 690/2020 y las resoluciones derivadas, Enacom 1466/2020 y 1467/2020. El decreto en cuestión, que declaró servicio público a la conectividad móvil y la TV por cable y creó una ridícula prestación básica universal a cargo de las empresas, prácticamente no se aplicó nunca porque de inmediato las licenciatarias y las cámaras que las representan fueron logrando medidas judiciales cautelares que les permitieron ajustar los precios sin esperar la decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), presidido por el massista Claudio Ambrosini.

El DNU 690, cuyas consecuencias se vieron de inmediato en la ralentización del despliegue de fibra óptica y en el congelamiento del diálogo público privado en el sector, también regulaba los precios de los servicios convergentes, a los que declaraba “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”. La novedad había sido anticipada por el presidente Alberto Fernández en un tuit publicado el viernes 28 de agosto de 2020 , día en que se publicó la norma en el Boletín Oficial (así lo contábamos en TMT News, entonces sólo para suscriptores).

El fallo de De Negre, que el Estado apelará ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, fue dictado en una causa iniciada por Telecom Argentina SA el 7 de abril de 2021, que también incluyó el pedido de nulidad del art. 24 de la ley 26.122 que regula las medidas cautelares y prevé que sólo puede ser derogado mediante el rechazo de ambas cámaras del Congreso -algo sobre lo que la jueza no se expidió-. La empresa también planteó un reclamo por daños y perjuicios por el congelamiento hasta el 31 de diciembre de 2020 sin que se hubieran considerado compensación económica ni indemnización alguna.

Por un lado, Telecom argumentó que el DNU vulneró la prohibición constitucional de legislar sobre la libertad de prensa (por el alcance sobre la TV por cable), que las licitaciones de espectro y los reglamentos de servicios móviles garantizan la libertad de precios, y que no existían circunstancias excepcionales para el dictado del DNU. Además, sostuvo que la declaración de servicio público no se rigió por lo dispuesto en el Art. 42 de la Constitución Nacional, que prevé la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Telecom argumentó que el DNU es inconstitucional por vulnerar el principio de razonabilidad que consagra el Art. 28 de la Constitución por la discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados dado que las medidas que adopta no se adecuan al fin declarado.

Además, la empresa afirmó que el DNU viola el derecho de propiedad alcanzados por los derechos emergentes de los contratos, de conformidad a los Arts. 14 y 17 de la Constitución y el 965 del Código Civil y Comercial de la Nación, que impiden que las leyes alteren las obligaciones nacidas de los contratos.

La firma también agregó que el DNU delegó en el Enacom el establecimiento de una prestación básica universal obligatoria para los servicios TIC y para la telefonía móvil fijando sus precios mediante la resolución 1467; y dispuso que esa prestación esté a cargo de las licenciatarias.

Además, en una afirmación contundente, Telecom sostuvo que el motivo real para declarar servicio público a Internet es cercenar el acceso a información efectuando apagones de la red.

Telecom también consideró inconstitucional el congelamiento de precios que del Art. 4° del DNU hasta el 31/12/2020 argumentando que viola el derecho de propiedad y el derecho adquirido a fijar libremente las tarifas de los servicios TIC y de la telefonía móvil y viola de esa manera la libertad contractual.

Por otro lado, el Enacom argumentó que las disposiciones del DNU 690/20 se amparan en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia y la importancia que adquirieron los servicios TIC, especialmente para la educación virtual y el acceso a Internet. Añadió que en esa época el funcionamiento del Congreso distaba de la normalidad. Se refiere a la legitimidad del trámite que establece la ley 26.122 que regula las medidas cautelares.

En definitiva, en los considerandos del fallo, de 14 páginas, la jueza afirmó que disponer que una actividad económica se declare como servicio público requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso, quedando vedado al Poder Ejecutivo la utilización de un DNU para ese fin. Agregó que, al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que sólo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley dada la naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del Art. 17 de la Constitución. Por eso, a su entender, resulta ineludible, el dictado de una ley formal por el Congreso, para publificar una actividad privada que se presta en condiciones de libre competencia, sometiéndola a un marco regulatorio de servicio público.

Para la magistrada, las demás disposiciones de carácter permanente que el DNU dispone, relativas a la fijación de los precios por la autoridad de aplicación, así como la prestación básica universal obligatoria que establece, cuya reglamentación delega en la autoridad de aplicación; no superan el test de razonabilidad, que exige la ponderación entre el fin que la norma busca y las medidas que dispone. La norma omitió fijar las bases de la delegación así como el plazo para su ejercicio, como exige el Art. 76 de la Constitución. Por lo tanto, esa delegación en blanco en el Enacom viola el principio de legalidad.

En medio de la expectativa por la definición de la elección presidencial y las posteriores repercusiones del triunfo de Javier Milei, el fallo de De Negre pasó inadvertido. Sin embargo, fue la agencia gubernamental Télam la que publicó la novedad este 27 de noviembre, diez días después de haber ocurrido. Este último hecho despertó inquietud entre actores del sector que ven él cierta intencionalidad política a pocos días del recambio presidencial.

doc1392566017

Apenas dictado el DNU 690, entrevistamos a los presidentes de algunas de las principales cámaras del sector convergente y, en resumen, esta fue su posición:

La historia del DNU 690 fue narrada en Convercom.info (y sus antecesores) casi en todas sus instancias:

https://convercom.info/comunidades/conectividad/ruido-en-la-linea-el-dnu-690-de-control-de-precios-y-de-algo-mas-de-las-comunicaciones/

Ayudanos a seguir pensando, buscando y elaborando información para conectar a la sociedad. Si valoras lo que hacemos....

Invitame un café en cafecito.app
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Hacé tu comentario

Por si acaso, tu email no se mostrará ;)