A contramano de las políticas de desregulación, desintervención estatal y desburocratización impulsadas por el presidente Javier Milei, y el mismo día que finalizaron las facultades delegadas en la ley Bases que permitieron eliminar organismos y fondos estatales, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicó en el Boletín Oficial dos resoluciones sintetizadas que reactivan el controvertido Fondo Fiduciario de Servicio Universal, rebautizado recientemente como Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones y ya sin estructura fiduciaria.
En concreto, se crearon dos programas estatales, uno de «Red mayorista neutral» (resol 951/25) y otro de «Financiamiento y apoyo a proveedores de Servicios TIC» (resol 950/25) a los que se dotó de AR$ 100.000 millones en total (60.000 millones para la red neutral y 40.000 millones para proveedores TIC). Estos programas se parecen a los creados por la gestión del massismo en el organismo, que entre 2019 y 2023 encabezó Claudio Ambrosini, que también asignó un volumen similar de fondos en su momento. Según las auditorías encargadas por el propio Enacom durante la actual gestión, los fondos del servicio universal fueron una fuente de ineficiencia, uso político y múltiples irregularidades entre 2016 y 2023 (aunque no se conocen denuncias ni investigaciones judiciales sobre esos casos).
Las iniciativas -publicadas en el Boletín Oficial este 8 de julio- fue celebrada por el secretario de Innovación, Darío Genua (foto de apertura), que en la red social X sostuvo argumentos que recuerdan la visión estatista y dirigista de administraciones anteriores: «[Con el] apoyo a pymes TIC impulsamos el despliegue de fibra óptica y tecnología 5G para llevar conectividad de calidad a hogares, escuelas, hospitales y comercios de todo el país (…) [Con la red mayorista] avanzamos en la creación de una infraestructura crítica de uso compartido, base de un nuevo ecosistema TIC más competitivo, eficiente y sostenible».
Genua sostuvo que «todo esto se financia con recursos del Fondo de Servicio Universal, conformado por un porcentaje de la facturación de las empresas de telecomunicaciones. Es decir, aportes del propio sistema puestos al servicio del desarrollo», argumento idéntico al esgrimido por parte del sector cultural para oponerse a las reformas que la administración Milei lleva adelante en otros ámbitos, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa): «aportes del propio sistema». Esos aportes son, en realidad, impuestos, y no los aporta el propio sistema sino que lo hacen todos los usuarios de acceso a Internet.
En América Latina, las redes neutrales estatales fueron mayormente impulsadas por gobiernos populistas de izquierda y tuvieron un desempeño dispar. Mientras en algunos lugares contribuyeron a reforzar la conectividad e impactaron en la baja de los precios mayoristas -como Arsat, en Argentina- en otros países presentaron grandes dificultades económicas y técnicas -como Perú o México-.
Una red neutral mayorista es una infraestructura de telecomunicaciones que no presta servicios al usuario final sino que ofrece capacidad de red a otros operadores o prestadores, permitiéndoles utilizarla en igualdad de condiciones para brindar sus propios servicios. Su función es facilitar el acceso a zonas desatendidas, reducir costos de despliegue y promover la competencia a través del uso compartido de recursos.
Red mayorista neutral (fibra óptica y 5G)
Según el texto del programa -incluido como anexo en la resolución 951-, la iniciativa busca expandir la conectividad mediante el despliegue de redes de fibra óptica «neutrales» y tecnología 5G en áreas con infraestructura limitada o desatendidas.
El programa prevé priorizar «la instalación de nodos 5G, la modernización de infraestructura existente y la interconexión de pequeños operadores TIC con redes troncales» y se fomentará la participación de cooperativas, pymes y operadores regionales mediante esquemas de cofinanciamiento. ?
El programa tendrá una duración de 36 meses y se implementará mediante convocatorias públicas o proyectos estratégicos diseñados por Enacom. Se financiarán equipamiento, nodos de red, enlaces troncales y soluciones de última milla y se procurará que articulen con la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), propiedad de la estatal Arsat (empresa incluida entre las privatizables de la fallida primera versión de la ley Bases).
Financiamiento y apoyo a proveedores de Servicios TIC
El Enacom también lanzó el nuevo Programa de Financiamiento y Apoyo a Proveedores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), detallado en el anexo incluido en la resolución 950, que se orienta a micro, pequeñas y medianas empresas y a cooperativas. Según el gobierno, este programa busca facilitar la interconexión con redes mayoristas, optimizar redes de última milla y fomentar el despliegue de infraestructura mediante diversos instrumentos de financiamiento: créditos a tasa subsidiada, participación en instrumentos de deuda en el mercado de capitales, y provisión directa o indirecta de equipamiento tecnológico.
Entre las novedades -respecto de las experiencias anteriores- está la creación de un «certificado de elegibilidad» que será emitido por el mismo Enacom y que será requerido para acceder al financiamiento. Este certificado se otorgará tras la validación técnica de los proyectos, considerando, entre otros aspectos, la necesidad del servicio universal, la existencia de licencia y registro vigentes, el carácter minipyme o cooperativo del prestador, la prestación efectiva del servicio durante los últimos dos años, y la proporcionalidad entre el monto solicitado y el proyecto a financiar.
También se solicita que no existan deudas exigibles con el Enacom ni con el Estado Nacional. Estos certificados recuerdan al «libre deuda» requerido para acceder a los aportes no reintegrables (ANR) durante la gestión de Ambrossini y que generaron tanta controversia que el propio funcionario debió eliminar. Quedan expresamente excluidas del financiamiento actividades como la contratación de personal, servicios profesionales o pagos de obligaciones derivadas de contratos financieros preexistentes.
La experiencia de programas anteriores de este tipo no es alentadora. Según las propias auditorías del Enacom durante la actual gestión, hubo casos llamativos tanto en cooperativas, como empresas privadas, en sociedades estatales provinciales (Sapem), asociaciones civiles y la estatal Arsat.
Convercom.info ha sido hasta ahora el medio que más información brindó -sobre la base de documentos y entrevistas- sobre el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), ahora rebautizado Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones. Todas esas notas se acumulan en este link.
anexo_7410211_1
anexo_7410206_1
Para la elaboración de este texto se contó con asistencia de las herramientas de inteligencia artificial ChatGPT Pro 4o y Adobe Acrobat IA Assistant
Ayudanos a seguir pensando, buscando y elaborando información para conectar a la sociedad. Si valoras lo que hacemos....
Hacé tu comentario