En un documento de 8 páginas aprobado como anexo a la resolución 359/2025, el gobierno nacional a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) relanzó el disuelto Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), al que rebautizó Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones.

La estructura fiduciaria, que había sido eliminada por el decreto 6/25, quedó así reducida a un plan de política pública que se financiará con el mismo impuesto que había alimentado al fondo, cuyo desmanejo -señalado por las auditorías oficiales– no fue denunciado ni investigado. Mediante varias resoluciones, el Enacom y del Ministerio de Economía habían sostenido aquel impuesto, que según la ley Bases debió haberse eliminado «automáticamente» con la disolución del fondo.

Ahora, el interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, firmó la resolución 359/2025 cuyo único artículo aprueba el plan, registrado como documento IF-202527639114-APN-DNFYD#ENACOM, firmado a su vez por Mauricio Franco, a cargo de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ente. Franco es el mismo funcionario que participó en la gestión del FFSU durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, y luego tuvo a cargo la auditoría de dicho fondo. Convercom.info viene siendo el único medio en profundizar sobre los manejos del FFSU, notas que se acumulan aquí.

Desde el primer párrafo, el plan (cuyo original se reproduce al final de este artículo) se basa en la ley 27.078, bautizada Argentina Digital, e impulsada en 2014 por la gestión que la agrupación kirchnerista La Cámpora llevaba adelante en la entonces Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) -que fusionada con la Afsca dio lugar al Enacom-, y que prevé la “completa neutralidad de las redes” y la garantía del “acceso al servicio universal”.

La resolución que crea el plan, firmada el 17 de marzo, fue publicada en formato abreviado en el Boletín Oficial el 19 de marzo -eso significa que sólo incluye la parte dispositiva y el anexo en el que está explayado el plan-.

Es llamativo que el texto completo de la resolución, publicado en la web del Enacom, incluya en los considerandos información que no está en la parte dispositiva. Por ejemplo, allí -en tiempo futuro- se dice que las métricas que permitan evaluar la efectividad de los programas se establecerán «en un plazo de cinco años». Además, allí se destaca entre los instrumentos jurídicos aplicables el Reglamento General de Servicio Universal, aprobado por resolución 721/2020 y elaborado para el fondo fiduciario disuelto por el gobierno (es decir, una normativa que puede ser cuestionada por inaplicable).

En los considerandos también se anticipa que «resultará procedente la aprobación posterior de los programas de Servicio Universal enunciados, según las especificaciones que cada uno de ellos requiera, en orden a su adecuada y más eficaz implementación».» y se cita como «antecedente relevante» e integrante del nuevo plan de infraestructura el Programa de Conectividad de Interés Público aprobado por la resolución 1072/2024, que prevé fondos para conectividad de entes estatales.

El contenido central del nuevo plan de infraestructura crítica se divide en tres puntos: a) programas de financiamiento para la construcción de redes de acceso móvil en áreas sin cobertura [en los considerandos se menciona este ítem en singular, como «Red acceso móvil»]; b) creación de una red mayorista neutral (de los que hay experiencias exitosas -como Open Fibra en Italia-, fallidas -como la Red Compartida de México- y con claroscuros -como la NBN de Australia), y c) apoyo a proveedores de servicios TIC.  

En el caso de Arsat, la administración Milei mantendrá la política oficial originada en el gobierno de Mauricio Macri y profundizada, sin éxito, por la gestión Fernández-Kirchner: financiar con dinero de los contribuyentes el despliegue de la red de la empresa estatal. De hecho, la estatal Arsat ya recibió $1500 millones del Enacom en la actual gestión. La idea de privatizar Arsat, incluida en el frustrado proyecto original de la ley Bases, parece haber quedado archivada por ahora.

El detalle del nuevo plan

El plan -publicado como anexo a la resolución- tiene una introducción, en la que cita los antecedentes normativos; luego define los objetivos general y específicos; y finalmente describe los lineamientos general y específicos (estos últimos se asemejan a la lista de planes que el massismo agregó al extinto fondo fiduciario).

En el documento se subraya que la red mayorista podrá incorporar tendidos de última milla, algo que había propuesto en su momento el presidente de Arsat del gobierno macrista, Raúl Martínez, durante el lanzamiento de otro plan nacional de telecomunicaciones y conectividad en el museo de la Casa Rosada en 2018, durante el mandado de Mauricio Macri.

Según el documento aprobado, “el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones tiene por objetivo general acelerar el acceso a los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones de tipo fijo y móvil; incrementando la cobertura a nivel poblacional y geográfico para disponer de acceso a servicios de banda ancha fija y móvil de última generación en manos de los consumidores, hogares y servicios esenciales de salud, educación y seguridad, como así también, cubrir y satisfacer las futuras demandas de capacidades necesarias para desarrollos de inteligencia artificial y centros regionales de datos, distribuidos por el país”.

Entre los objetivos específicos se identifican: a) fomentar el despliegue de redes de acceso en zonas total o parcialmente desatendidas; b) facilitar el acceso a los servicios TIC en rutas, parques, plazas, edificios públicos, bibliotecas, centros sanitarios y museos de los municipios, a instituciones públicas y privadas, que brindan servicios de carácter social en zonas sin cobertura de red fija o móvil; c) renovar y ampliar las redes de última milla, facilitando la interconexión a redes de servicios mayorista y el despliegue de infraestructura de conectividad, por parte de operadores pyme y cooperativas; y d) desarrollar la red mayorista neutral para beneficiar al ecosistema TIC que utilizan esta red mayorista (pymes, cooperativas, grandes operadores) y a ciudadanos en zonas desatendidas

En la confección de programas específicos para cumplir con esos objetivos, el plan definió algunos lineamientos generales que exigen: a) “mecanismos de supervisión y control adecuados y métricas que permitan evaluar la efectividad”; b) “deberán tener como destinatarios a prestadores TIC, usuarios directos de infraestructura y consumidores finales en zonas de difícil acceso”; c) se podrán otorgar “créditos a tasa subsidiada y la entrega de materiales y/o software”; d) podrá haber esquemas híbridos de financiamiento con participación público-privada; y e) los programas “deberán prevé la certificación de avances de obras y prestación de servicio por parte de un tercero independiente seleccionado a través de un concurso o licitación”.

En los lineamientos específicos se distinguen tres grandes puntos: a) redes de acceso móvil en áreas sin cobertura; b) red mayorista neutral; y c) financiamiento y apoyo a proveedores de servicios TIC. A continuación un punteo de los lineamientos y proyectos

a) Redes de acceso móvil en áreas sin cobertura

  • Despliegue de redes de acceso SCM/STEFI (4G y 5G) en zonas desatendidas que no hayan sido incluidas como obligación de los licenciatarios en las licitaciones de espectro
  • Despliegue de redes de distribución o acceso en zonas que por características geográficas o de infraestructura de los servicios existentes requieran soluciones técnicas de difícil ejecución o excesivo costo dentro de localidades de cumplimiento obligatorio
  • La infraestructura activa o pasiva construida en este contexto será de uso compartido obligatorio entre los prestadores SCM/STEFI
  • Los fondos serán otorgados mediante concursos (una sola empresa llevará adelante el proyecto y se verá obligada a compartir la infraestructura)
  • Previo al concurso se realizará un relevamiento de zonas desatendidas con necesidades de despliegue de infraestructura y recursos necesarios
  • Definida la zona, se establecerán parámetros (costo estimado, densidad poblacional, potenciales beneficiarios, características de la zona, etc) que permitan seleccionar el proyecto a través de un método de scoring, y que ponderará los montos a asignar y los porcentajes a financiar por parte del SU, sigla que refiere al Servicio Universal

b) Red mayorista neutral

  • Desarrollar una red mayorista neutral (en telecomunicaciones es una infraestructura de red que no pertenece ni está controlada por un solo operador comercial, sino que está diseñada para ser utilizada por múltiples proveedores de servicios)
  • Fomentar la extensión y ampliación de la capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo)
  • Adaptar la infraestructura de fibra óptica tendida para facilitar la distribución y transmisión del tráfico de SCM (servicios de comunicaciones móviles 4G)
  • Desplegar redes de última milla que permitan incrementar la cobertura y mejorar la calidad del acceso a Internet en zonas “de menor interés para los operadores del sector privado”
  • Desplegar una red mayorista neutral para ser utilizada por los operadores móviles actuales (en este punto no se aclara alcances, limitaciones, formas de uso ni compromisos de las partes)

c) Financiamiento y apoyo a proveedores de servicios TIC

  • Los operadores pyme de servicios TIC fijos podrán usar los fondos para actualizar infraestructura instalada y desarrollar nueva en zonas sin cobertura
  • Habrá créditos a tasas subsidiadas para pymes, Sapem (a los que el plan denomina EPEP) y cooperativas por parte del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco Nación (BNA)
  • Los programas deberán exigir deberán exigir la contratación de una garantía por parte de una institución regulada por la Superintendencia de Seguros (compañías aseguradoras o sociedades de garantía recíproca), ejecutable ante el incumplimiento de las obligaciones
  • Los programas podrán contemplar distintos instrumentos de financiamiento:
    • Créditos para la compra de bienes de uso o de capital nuevos
    • Créditos para la ampliación de redes de última milla
    • Créditos para facilitar la interconexión a redes mayoristas
    • Créditos para proyectos de extensión de redes mayoristas en áreas con necesidades insatisfechas
    • Créditos para el despliegue de infraestructura de conectividad en parques industriales, instituciones públicas dedicadas a la prestación de servicios de salud, administrativa y /o cultural
    • Créditos para nuevos emprendimientos
    • Cualquier otra línea de financiamiento que se encuentre disponible y conforme a la normativa vigente
    • Provisión de equipamiento con el objetivo de mejorar la infraestructura TIC ya desplegada, extender servicios a zonas sin cobertura como asimismo brindar los elementos para la instalación de accesos a nuevos usuarios
  • Previo al concurso se realizará un relevamiento de zonas desatendidas
  • Definida la zona, se establecerán parámetros (costo estimado, densidad, potenciales beneficiarios, etc) que permitan selecciona el proyecto a través de un método de scoring y que ponderará los montos a asignar y los porcentajes a financiar por parte del SU (sigla que remite a Servicio Universal)

Al finalizar, el documento aclara que todos los programas mencionados son sólo a título enunciativo, “pudiendo ser agregados nuevos en torno a los lineamientos del plan. Por eso, es esperable que se dicten nuevas resoluciones para poner en marcha la nueva política.


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